El bloque de diputados peronistas de Entre Ríos presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que aclare la veracidad de las versiones periodísticas que refieren el posible cierre de hasta 300 escuelas rurales. La iniciativa, encabezada por la diputada Mariel Ávila y acompañada por legisladores del espacio Más para Entre Ríos, busca respuestas concretas sobre el alcance, impacto y fundamentos del denominado “Plan de Reordenamiento Educativo”.
Seis puntos clave en el pedido
El documento solicita que el Gobierno provincial evacúe seis aspectos centrales:
1. Confirmación oficial sobre si existe un plan para cerrar escuelas rurales.
2. Listado de establecimientos que serían alcanzados por la medida.
3. Evaluación del impacto educativo y social en las comunidades afectadas.
4. Estimación del ahorro económico que implicaría el cierre.
5. Detalle del Plan de Reordenamiento Educativo, sus objetivos y beneficios.
6. Situación del personal docente y no docente en caso de cierre.
Los legisladores advierten que el cierre de escuelas rurales vulneraría el derecho constitucional a la educación, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos, donde la escuela cumple funciones educativas, sociales y comunitarias.
¿Qué dice el Gobierno?
Sebastián Benedetti, coordinador de las Direcciones Departamentales de Escuelas del CGE, reconoció públicamente que se está evaluando una reorganización del sistema educativo. “Hoy tenemos casi 300 escuelas con entre uno y tres alumnos, lo cual es inviable desde lo social y lo pedagógico”, declaró. Sin embargo, no se ha oficializado ningún cierre ni se ha publicado un listado de establecimientos en riesgo.
Críticas desde el ámbito socioambiental
Organizaciones como Basta es Basta y docentes rurales denuncian que el cierre de escuelas responde a una lógica de despoblamiento rural impulsada por el avance del agronegocio. “Es un modelo de campo sin gente”, afirman. También cuestionan la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas, que permite fumigaciones a solo 15 metros de las aulas, agravando el éxodo de familias campesinas.
¿Reordenamiento o ajuste?
Para los críticos, el Plan de Reordenamiento Educativo podría convertirse en un ajuste encubierto, ejecutado sin diálogo ni planificación. En zonas como Basavilbaso, hay escuelas con matrícula mínima que subsisten gracias al esfuerzo docente y el arraigo comunitario. Su cierre implicaría traslados forzados, pérdida de identidad local y mayor desigualdad educativa.
