La megacausa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, que ya acumula más de 30 imputados y una pericia contable que estima el daño en $372.924.249 a valor histórico, entra en una nueva fase: la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, se presenta como actor civil para reclamar la devolución de los fondos públicos. Pero lo que parece un gesto de reparación institucional podría convertirse en una reparación selectiva, si no se amplía el alcance de la investigación administrativa.
⚖️ ¿Qué está en juego?
• 17 imputados siguen en proceso penal; otros 15 ya acordaron salidas por probation o juicio abreviado.
• El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostiene que la demanda civil podría incluir a nuevos responsables, si la investigación administrativa revela más implicados.
• La legitimación del Estado como actor civil se apoya en el artículo 209 de la Constitución provincial, que le otorga representación judicial sin necesidad de intervención del Tribunal de Cuentas.
✍️ Editorial: ¿Justicia o escenografía?
La frase del gobernador Rogelio Frigerio —“Vamos a ponerle fin a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos”— suena contundente. Pero la contundencia no basta. La política no puede limitarse a declarar nulos los 771 contratos ni a esperar que los imputados acuerden resarcimientos voluntarios. Debe garantizar que la reparación sea integral, no decorativa.
La Fiscalía de Estado se planta como actor civil, pero ¿qué pasa si la investigación administrativa no avanza con la misma celeridad que el expediente penal? ¿Qué pasa si los nuevos responsables quedan fuera del radar por vínculos partidarios o por omisiones funcionales?
La causa de los contratos truchos no es solo una herida institucional: es una oportunidad para redefinir los límites entre la política, la justicia y la ética pública. Si el Estado quiere recuperar lo robado, debe hacerlo sin excepciones, sin pactos de silencio, sin zonas grises.
