En una reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento y de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, se firmó este martes el dictamen de mayoría que habilita el tratamiento en el recinto del proyecto de ley que propone la creación del Régimen de Consorcios Camineros.
La iniciativa busca establecer un marco legal para la conformación de consorcios mixtos —integrados por actores públicos y privados— encargados del mantenimiento, reparación y conservación de caminos rurales, considerados estratégicos para la producción, la educación y la salud en el interior provincial.
Unificación de proyectos y consenso multipartidario
El dictamen surge de la unificación de tres proyectos: los presentados por los exlegisladores Esteban Vitor (PRO) y Néstor Loggio (PJ), y el de la actual diputada Julia Calleros (Fe y Libertad). Durante el debate, se abordaron aspectos técnicos, administrativos y contables vinculados a la operatividad de los consorcios, así como el rol del Estado en la promoción y fiscalización de los mismos.
La diputada Noelia Taborda, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, destacó que se trata de “una herramienta que le damos al gobierno provincial, un marco normativo que nos permite llegar al que más lo necesita”. Por su parte, Calleros subrayó la necesidad de “trabajar conjuntamente lo público y lo privado” y celebró el avance legislativo como respuesta a “un abandono histórico de la ruralidad”.
Apoyo político y mirada estratégica
El proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y del presidente de la Cámara, Gustavo Hein, quienes participaron activamente en la articulación política para destrabar el tratamiento. También se sumaron aportes de Vialidad Provincial, representantes gremiales del sector vial y especialistas convocados a las reuniones de comisión.
Próximos pasos
Con el dictamen firmado, el proyecto tomará estado parlamentario y será debatido en el recinto en las próximas semanas. Legisladores de distintos bloques manifestaron su intención de buscar consensos para que la ley sea “dinámica, aplicable y económicamente ejecutable”, con garantías laborales y mecanismos de control que eviten la precarización del trabajo estatal.
Análisis político:
El avance del Régimen de Consorcios Camineros marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el sector rural. En una provincia donde los caminos son más que rutas —son vínculos vitales con la producción y la vida comunitaria—, esta ley podría convertirse en una política pública de largo aliento. El desafío será evitar que la descentralización derive en fragmentación, y que la participación privada no se traduzca en desresponsabilización estatal.
