El Senado provincial se prepara para debatir un proyecto que promete hacer ruido: la eliminación de las jubilaciones de privilegio para funcionarios y empleados públicos provinciales, municipales y comunales. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca cortar con un beneficio que, durante años, fue más símbolo de casta que de servicio.
La propuesta no solo prohíbe que se otorguen nuevas pensiones especiales una vez finalizada la función pública, sino que también regula incompatibilidades y establece causales de caducidad para quienes ya las perciben. Es decir, si el privilegio ya está en marcha, podría tener fecha de vencimiento.
En tiempos donde se exige austeridad a los de abajo, el proyecto intenta mirar hacia arriba. Porque mientras al docente le descuentan Ganancias, al jubilado le ajustan el haber, y al trabajador le suben el combustible de madrugada, algunos siguen cobrando como si gobernaran aunque ya no gobiernen.
La discusión promete ser intensa. No faltarán los discursos sobre “trayectoria institucional”, “derechos adquiridos” y “compromiso con la función pública”. Pero también resonará el reclamo ciudadano: ¿por qué el que fue funcionario cobra más que el que fue albañil, enfermero o docente?
Si el proyecto avanza, será un gesto político. Si se frena, será otro guiño a los que siempre caen parados. En cualquier caso, el mensaje está claro: las jubilaciones de privilegio ya no se camuflan como reconocimiento, sino como privilegio puro y duro.
