Michel en la mira de la jueza Preska por el caso YPF

Michel en la mira de la jueza Preska por el caso YPF

 

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, amplió el proceso de discovery en el juicio por la expropiación de YPF y ordenó la entrega de documentación vinculada a varios exfuncionarios argentinos. Entre ellos figura Guillermo Michel, exdirector de Aduanas y actual candidato a diputado nacional por Entre Ríos.

¿Qué implica el pedido?

Preska aceptó el requerimiento de los fondos demandantes —Burford Capital y Eton Park— para identificar activos del Estado argentino en el exterior, con el objetivo de avanzar en embargos si no se cumple el fallo millonario ya dictado. En ese marco, solicitó:

  • Correos electrónicos, chats y registros oficiales.
  • Información de figuras clave como Sergio Massa, Luis Caputo, Silvina Batakis, Matías Tombolini y Guillermo Michel.
  • Datos sobre organismos estatales que podrían haber actuado como “alter ego” del Estado, como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y la propia YPF.

¿Por qué Michel?

Michel fue incluido por su rol como administrador de la Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández. Su área tenía incidencia directa en:

  • Control del comercio exterior.
  • Trazabilidad de exportaciones.
  • Localización de bienes del Estado.
  • Supervisión de divisas y operaciones sensibles para los fondos litigantes.

⚖️ ¿Qué está en juego?

El juicio ya derivó en una condena por más de USD 16.000 millones contra la Argentina. Aunque el país apeló la sentencia, Preska avanza con medidas preventivas para asegurar el cobro, incluyendo el rastreo de reservas de oro en bancos internacionales.

Argentina logró una suspensión temporal del fallo, evitando por ahora la entrega del 51% de las acciones de YPF. Sin embargo, la jueza exige colateral alternativo, como el paquete accionario estatal en YPF y pagos futuros de Paraguay por la represa Yacyretá.

¿Es una acusación?

No. La medida no implica cargos penales ni administrativos contra Michel ni los demás exfuncionarios. Pero sí los obliga a facilitar información si la justicia estadounidense lo requiere.

 

 

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