El debate por la reforma previsional en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos recibieron al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores.
Durante dos horas, trece senadores escucharon los aportes del funcionario, quien se concentró en los aspectos constitucionales y jurídicos del proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. Rodríguez Signes advirtió que el sistema “no soporta más el déficit”, que hoy obliga al Tesoro provincial a destinar 43 mil millones de pesos por mes, y subrayó que la sostenibilidad es un mandato constitucional.
El Fiscal de Estado remarcó que la declaración de emergencia previsional no es inédita y recordó antecedentes en la provincia. Señaló que este recurso debe estar “muy bien fundado” y con un plazo determinado, ya que todas las leyes de emergencia han sido judicializadas. En ese marco, planteó que las restricciones se defienden mejor bajo el paraguas de la emergencia.
Otro eje de su exposición fueron los reclamos a Nación por la deuda vinculada al no traspaso de la Caja de Jubilaciones. Rodríguez Signes repasó pactos fiscales desde los años ’90 y sostuvo que contar con una ley provincial facilitaría las tratativas en ese sentido.
El funcionario también sugirió modificaciones puntuales en la redacción de algunos artículos y se comprometió a enviar por escrito sus observaciones a los legisladores. “La ley marca pautas, no todo lo resolverá”, concluyó.
Tras la exposición, los senadores continuaron con el trabajo de comisión. Desde Juntos por Entre Ríos adelantaron que están en proceso de revisión del proyecto y propusieron una nueva reunión para el próximo martes 7 de julio, mientras que el bloque Más para Entre Ríos anunció que tendrá un diálogo interno para definir postura.
La discusión deja en claro que la reforma previsional no solo es un tema técnico y financiero, sino también político y judicial, donde cada palabra del proyecto puede convertirse en terreno de disputa.
