El abogado de Victoria, Guillermo Reggiardo, presentó el lunes 12 una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que es víctima de una persecución judicial debido a sus denuncias contra miembros del Poder Judicial y exgestiones de organismos descentralizados del Estado.
Reggiardo ha impulsado diversas denuncias en los últimos años, muchas de ellas vinculadas a irregularidades dentro de la administración pública provincial. Una de las causas más relevantes en las que ha intervenido es la denominada «Contratos Truchos», donde anticipó maniobras fraudulentas relacionadas con la contratación de personal en el Estado. También ha sido crítico respecto a la administración del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), denunciando irregularidades en la gestión y el manejo de los fondos destinados a la atención de los afiliados.
En su solicitud ante la CIDH, Reggiardo sostiene que, debido a sus denuncias, ha sido objeto de represalias a través de procesos judiciales en su contra, lo que considera una persecución destinada a acallarlo y desacreditar su trabajo. Por este motivo, solicita medidas cautelares con el fin de garantizar su integridad y poder continuar con sus investigaciones sin interferencias indebidas.
Este pedido se da en un contexto de creciente tensión entre los sectores que denuncian presunta corrupción y aquellos que defienden la institucionalidad del Poder Judicial. Mientras la CIDH analiza la presentación de Reggiardo, el caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y judicial de la provincia, donde las denuncias de irregularidades administrativas han sido un tema recurrente en los últimos años.
