La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que complica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la intimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al contratista Matías Tabar, responsable de las refacciones en la casa de Adorni en el country Indio Cuá.
El organismo, dirigido por Andrés Vázquez, le dio un plazo de diez días para presentar documentación sobre sus ingresos, actividad económica y evolución patrimonial entre 2024 y 2025, período en el que realizó las obras. La minuciosidad del requerimiento contrasta con el discurso oficial de desregulación y “menos Estado” que pregona Javier Milei y su gabinete, y expone una contradicción: mientras se cuestiona la intervención estatal, se utiliza la maquinaria fiscal para presionar a un testigo clave.
Tabar ya había declarado en Comodoro Py que Adorni le pagó en efectivo y sin factura unos 245 mil dólares por remodelaciones en su propiedad, incluyendo pisos, baños, cocina, quincho y pileta. Su testimonio encendió las alarmas judiciales y desató la furia del oficialismo: Milei lo acusó públicamente de “mentiroso” y “militante kirchnerista”, mientras que Adorni intentó influir en su declaración a través de mensajes privados, en los que le ofrecía apoyo y asistencia legal.
El trasfondo político es evidente. En 2024, el propio Vázquez había omitido declarar tres inmuebles en Miami por 2 millones de dólares, y fue defendido por Adorni con el argumento de que “no había inconsistencias”. Hoy, el mismo funcionario utiliza el poder de ARCA para exigir explicaciones a Tabar, en lo que muchos interpretan como una devolución de favores.
La historia del contratista refleja el costo humano de estas disputas: tras ser señalado por el Presidente y hostigado por el entorno libertario, Tabar respondió con dolor y decepción, recordando que había apoyado a proyectos políticos de Milei y Macri. Su frase “Tristeza, angustia, dolor en el corazón” sintetiza el impacto personal de una causa que lo convirtió en blanco de ataques oficiales.
En definitiva, el AdorniGate ya no se limita a la sospecha de enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete: se expande hacia su círculo de contratistas, expone contradicciones en el discurso libertario y desnuda la utilización selectiva de los organismos de control. Lo que comenzó como una investigación patrimonial se transformó en un escándalo político e institucional, donde cada movimiento parece responder más a la lógica de favores y presiones que a la búsqueda de transparencia.
