La reciente reglamentación de la Ley de Modernización Laboral introduce un cambio de alto impacto en el mercado inmobiliario y en la economía familiar: los propietarios de viviendas destinadas a alquiler para casa-habitación dejarán de tributar el Impuesto a las Ganancias por esos ingresos.
La medida también alcanza a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, lo que configura un alivio fiscal significativo en un contexto de fuerte presión tributaria y caída del poder adquisitivo.
El Gobierno busca con esta decisión estimular la oferta de alquileres y dinamizar el mercado inmobiliario, al tiempo que procura reducir la carga impositiva sobre sectores medios que dependen de la renta de propiedades para complementar sus ingresos. Sin embargo, persiste la incógnita sobre si este beneficio se traducirá en una baja de precios de alquiler o si quedará absorbido por la inflación y los costos crecientes de mantenimiento.
La exención de Ganancias en alquileres y operaciones inmobiliarias marca un cambio de paradigma en la política tributaria: se privilegia la función social de la vivienda por sobre la lógica recaudatoria. El desafío será que esta medida no se convierta en un incentivo para la especulación, sino en una herramienta que favorezca el acceso a la vivienda y alivie la situación de miles de familias.
