Este viernes 9 de enero comienza el cronograma de pagos de ANSES, con la acreditación de las jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares. El anuncio, rutinario en apariencia, tiene un peso simbólico y material: marca el inicio del año económico para millones de hogares que dependen de estos ingresos para sostener su vida cotidiana.
El calendario de pagos es, en cierto modo, un recordatorio de la fragilidad social. Para quienes perciben la mínima, el depósito mensual es más un salvavidas que una garantía de dignidad. La AUH y las asignaciones familiares, por su parte, son un respiro en medio de la inflación persistente y el encarecimiento de los bienes básicos.
La pregunta de fondo es si el Estado logra con estos desembolsos cumplir con su rol de garante de derechos o apenas administra la urgencia. El inicio del cronograma de enero debería ser ocasión para discutir la sostenibilidad del sistema previsional y la necesidad de políticas que trasciendan la lógica del parche.
El pago puntual es un alivio, sí. Pero la deuda pendiente sigue siendo estructural: cómo construir un sistema de protección social que no dependa de la coyuntura ni de la resignación, sino que asegure dignidad y previsibilidad a quienes más lo necesitan.
