El gobierno de Entre Ríos anunció el pago de un bono extraordinario de $34.000 para policías y personal penitenciario, a abonarse durante octubre, noviembre y diciembre de 2025. La medida fue presentada como un reconocimiento al esfuerzo de los agentes en tareas operativas y de seguridad pública. Sin embargo, la reacción dentro de las fuerzas fue de malestar, decepción y movilización.
Un sector de la Policía ya anunció que marchará hacia la Casa Gris para reclamar por “los montos en negro” y exigir equiparación salarial con la Policía El bono, además de ser no remunerativo, no bonificable y no acumulativo, no alcanza ni para cubrir una canasta básica alimentaria, que supera los $250.000 mensuales en muchas zonas de la provincia.
En lugar de fortalecer el salario, el gobierno optó por una suma fija que excluye a gran parte del personal, ya que solo se aplica a quienes cumplen funciones en áreas operativas específicas. La decisión revela una actitud discriminatoria y fragmentadora, que divide a la fuerza en “merecedores” y “olvidados”, sin atender la precariedad estructural que atraviesa a todos.
En un contexto de alta inflación, aumento de combustibles, recortes en salud y educación, el bono aparece como una estrategia de maquillaje político, más orientada a calmar el descontento que a resolverlo. La falta de diálogo con los sectores afectados y la ausencia de una política salarial integral profundizan el malestar.
Este gesto del gobierno provincial no solo es insuficiente: es ofensivo para quienes arriesgan su vida en tareas de seguridad pública, muchas veces sin equipamiento, sin contención psicológica y con salarios que se licúan mes a mes. La pregunta que queda flotando es si el Estado entrerriano reconoce a sus trabajadores o simplemente los usa como escudo ante la crisis.
¿Bono o burla? El gobierno entrerriano y su gesto insuficiente hacia la Policía
