El reclamo de las Fuerzas de Seguridad Federales frente al edificio Centinela, sede central de Gendarmería, terminó con una respuesta inmediata del Gobierno: un bono de $40.000 y sumas extraordinarias que alcanzan hasta $300.000, oficializadas por decreto.
La medida, lejos de ser un gesto aislado, revela la estrategia de contención de un poder que se sostiene en la represión. Mientras se ajusta a jubilados, trabajadores y sectores vulnerables, se premia a quienes ejecutan las órdenes de control y persecución en las calles.
Información que llega a la redacción de Digital Top confirma que el decreto establece montos diferenciados según jerarquías y funciones, con beneficios que superan ampliamente los ingresos de gran parte de la población.
La contradicción es brutal: se recortan derechos y se multiplican los privilegios de quienes garantizan la represión. La democracia se debilita cuando el Estado destina recursos a blindar la fuerza antes que a proteger la dignidad de sus ciudadanos.
El mensaje es claro: el Gobierno compra silencio y disciplina con dinero público, mientras la sociedad paga el costo de la violencia institucional. Cada bono entregado bajo estas condiciones es un recordatorio de que la represión no solo se ejerce con palos y balas, sino también con cheques y decretos.
