Un nuevo informe de Argendata, el sitio de datos de FUNDAR curado por el investigador Daniel Schteingart, reveló una cifra alarmante: el 42% de las personas ocupadas en Argentina trabaja en condiciones precarias, sin aportes jubilatorios, cobertura médica ni derechos laborales garantizados. Esto equivale a unos 8,8 millones de trabajadores que se desempeñan al margen del sistema formal.
La informalidad laboral, uno de los problemas estructurales más persistentes del mercado argentino, golpea con especial dureza a los cuentapropistas y asalariados del norte del país. Según el relevamiento, 5,5 millones de asalariados no reciben aportes de sus empleadores, mientras que 3,3 millones de trabajadores independientes —como cuentapropistas o pequeños patrones— tampoco están registrados en el sistema previsional.
El estudio detalla que la tasa de informalidad entre asalariados es del 36%, pero se dispara al 57% entre trabajadores independientes. Dentro de este grupo, los cuentapropistas presentan una informalidad del 62%, mientras que los patrones, en su mayoría dueños de pequeñas empresas, tienen una tasa inferior al 20%.
La actividad económica es un factor determinante: mientras que sectores como petróleo, minería, finanzas y servicios profesionales exhiben tasas de informalidad inferiores al 15%, rubros como el agro, la construcción, la gastronomía y el servicio doméstico superan el 60%.
Este panorama revela una profunda desigualdad en el acceso a derechos laborales básicos, y plantea un desafío urgente para las políticas públicas: cómo integrar a millones de trabajadores al sistema formal sin desincentivar la actividad económica en regiones y sectores vulnerables.
