El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en barrio Ampliación Ferreyra tras una semana de búsqueda, no solo expuso la brutalidad de la violencia de género, sino que también desató una tormenta política y judicial en la provincia de Córdoba.

Los bloques del Frente Cívico y la Izquierda Socialista anunciaron que impulsarán un jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón, cuestionando su desempeño en la investigación y su polémica conferencia de prensa. Al mismo tiempo, exigieron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, por considerar que su silencio y falta de respuestas reflejan incompetencia institucional.

El senador nacional Luis Juez, líder del Frente Cívico, fue categórico: “Los cordobeses no nos merecemos fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos”. La Izquierda Socialista, acompañada por la Asamblea Ni Una Menos, sumó su reclamo y adelantó que presentará iniciativas paralelas para apartar tanto al fiscal como al ministro.

La conferencia de prensa de Garzón, marcada por cruces con periodistas, profundizó el malestar. El fiscal interrumpió preguntas dirigidas al ministro Quinteros y defendió su accionar sin autocrítica, lo que generó indignación en la prensa y en sectores políticos. “Está bajándole el precio a una denuncia de paradero”, reprochó un cronista, aludiendo a la demora en la reacción policial frente a la desaparición de la joven.

Mientras tanto, otros bloques como el PRO y Construyendo Córdoba plantearon matices: algunos pidieron estudiar con mayor rigor la viabilidad del jury, mientras que otros reclamaron apartar de inmediato al fiscal de la causa para evitar que la investigación quede teñida de sospechas.

El caso Agostina Vega se convirtió en un símbolo de la fragilidad institucional frente a la violencia de género. La sociedad cordobesa exige respuestas claras, justicia efectiva y un compromiso real de las autoridades para garantizar que ninguna adolescente vuelva a ser víctima de la desidia estatal. La tragedia no solo interpela a la Justicia y a la política, sino que desnuda la urgencia de políticas públicas que prioricen la vida y la seguridad de las mujeres.