En el marco de la Causa Contratos, el abogado Velázquez ha salido al cruce de ciertas interpretaciones, enfatizando que Flavia Beckman nunca fue señalada por falsificación de firmas dentro de la investigación judicial. Con esta aclaración, busca despejar dudas sobre las imputaciones y el alcance real de las acusaciones en el expediente.
Durante su intervención, Velázquez hizo referencia a un listado clave que forma parte del escrito de remisión a juicio. Dicho documento, según explicó, contiene una estructura detallada en la que se organizan las pruebas y testimonios relevantes para el caso. En su capítulo dedicado a los testigos, aparece un subcapítulo en el que se identifican específicamente 143 testigos contratados, ofrecidos por la Fiscalía como parte de la estrategia de acusación.
No obstante, el letrado expresó su preocupación respecto a la manera en que se han manejado ciertos aspectos de la documentación del caso. En particular, señaló que junto con otros colegas solicitó la exclusión de estos testigos, ya que el escrito de remisión a juicio fue cargado en la página oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) sin el resguardo necesario de datos personales sensibles. Según Velázquez, la publicación incluyó direcciones domiciliarias y números de celular de los testigos, exponiéndolos innecesariamente a riesgos de seguridad y privacidad.
Esta situación, sostuvo, no es atribuible únicamente a los fiscales de la causa, sino que responde a decisiones de política criminal tomadas en instancias superiores. «Esto no es una cuestión de los fiscales; es una decisión de la política criminal, que la maneja el Procurador», afirmó Velázquez, dejando en claro que el manejo de la información dentro del expediente judicial es parte de un proceso más amplio, definido por lineamientos institucionales.
Las declaraciones de Velázquez han generado un nuevo eje de debate en torno a la Causa Contratos, poniendo de relieve la necesidad de revisar los mecanismos de protección de datos en el ámbito judicial. Mientras el proceso avanza hacia la instancia de juicio, expertos en derecho y organismos de derechos humanos podrían sumarse al análisis de estas falencias para garantizar que la transparencia no ponga en riesgo la seguridad de quienes participan en el proceso legal.
