El Boletín Oficial de Mendoza publicó este jueves una serie de resoluciones que marcaron un fuerte golpe dentro de la administración pública provincial: ocho agentes fueron cesanteados por distintos motivos, entre ellos la presentación de certificados médicos considerados apócrifos y la acumulación de inasistencias injustificadas. Las sanciones alcanzaron a trabajadores de áreas sensibles como Salud, Educación, la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
El caso más resonante fue el de la médica Lorena Silvana González, del Área Sanitaria de Capital, quien presentó certificados médicos que despertaron sospechas en Recursos Humanos. Una de las firmas no coincidía con la registrada oficialmente y la profesional cuyo nombre aparecía en el documento desconoció su contenido. Aunque la defensa de González sostuvo que no existió intención de falsificación, el Poder Ejecutivo decidió apartarse de la recomendación de suspensión de 30 días y aplicó la cesantía, argumentando que el uso del certificado quebró el deber de honestidad que sostiene la confianza de la Administración.
La ATM también resolvió la baja de tres empleados —Gisela Evelyn Lucero, Fernando Gabriel Savarino y Ana Virginia Vermes— tras detectar irregularidades en certificados médicos presentados el mismo día. Los documentos fueron desconocidos por los profesionales que figuraban como firmantes y las defensas no lograron aportar pruebas que acreditaran la atención médica. La resolución concluyó que no existían elementos que justificaran las ausencias y aplicó la sanción máxima.
En paralelo, cuatro agentes fueron cesanteados por ausencias reiteradas sin justificación. Entre ellos, el celador Fabricio Javier Adarme, con 26 faltas registradas en la Escuela Fuerte San Carlos, y tres trabajadores de la Dirección de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: Federico Ariel Seltzer, José Leandro Aguilar y Dora Beatriz Rocha, quienes acumularon períodos prolongados de inasistencia sin presentar descargos ni asistir a las audiencias indagatorias.
La legislación provincial establece la cesantía cuando un agente acumula más de seis faltas injustificadas en seis meses, criterio que se aplicó en estos casos. En todos los expedientes coincidieron los dictámenes de las juntas disciplinarias y las áreas jurídicas, lo que reforzó la decisión final.
El Boletín también incluyó situaciones particulares, como la de un agente con tutela sindical, cuya cesantía quedó condicionada a la autorización judicial, y la de un ex penitenciario, Silvestre Daniel Dávila Guzmán, separado del cargo por no haber acreditado la finalización de sus estudios secundarios, requisito indispensable para continuar en el servicio.
Estas medidas reflejan un endurecimiento en los controles internos y en la aplicación de sanciones dentro de la administración pública mendocina. El Gobierno provincial busca enviar un mensaje claro: la falta de compromiso, el uso de documentos falsos y el incumplimiento de requisitos básicos no serán tolerados en áreas que requieren responsabilidad y transparencia.
