La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a poner en el centro de la escena la disputa por los salarios y la reforma laboral. En conferencia de prensa, los dirigentes denunciaron que el Gobierno “pone un techo a las paritarias” y anunciaron una marcha a Plaza de Mayo para el 30 de abril, en vísperas del Día de los Trabajadores.

El techo a las paritarias

“Lo que hace el Gobierno es poner un techo y no acepta la homologación de lo que allí se discuta que no sea en ese techo, que está por debajo de la inflación”, afirmó Jorge Sola, acompañado por Octavio Argüello y Horacio Arreceyggor. La ausencia de Cristian Jerónimo, tercer integrante del triunvirato, no pasó desapercibida.

La denuncia apunta a una estrategia oficial: controlar los salarios como ancla de la política económica. Para la CGT, esto significa un retroceso en la libertad de negociación colectiva y una pérdida constante del poder adquisitivo.

El IPC propio

La central obrera cuestiona el índice oficial del INDEC y trabaja junto a la Facultad de Economía de la UBA en la elaboración de un IPC alternativo. El objetivo es reflejar la inflación real que golpea a los trabajadores y, eventualmente, ofrecer un nuevo parámetro para las discusiones paritarias.

Situación social y reclamos

El diagnóstico de la CGT es contundente: caída del consumo, cierre de fábricas, endeudamiento familiar y aumento del desempleo. Frente a este escenario, la marcha del 30 de abril se plantea como un acto ecuménico y multirreligioso, con homenaje al papa Francisco y con la “justicia social” como bandera.

La batalla judicial

La suspensión de 83 artículos de la reforma laboral por decisión judicial fue celebrada como un triunfo estratégico. Para la CGT, la norma representa un retroceso en derechos laborales y viola la Constitución. La cautelar, aseguran, es la prueba de que la vía judicial puede ser tan efectiva como la protesta en las calles.

Relato y acción

La central obrera enfrenta críticas internas que reclaman mayor firmeza. Sin embargo, sus dirigentes reivindican el camino elegido: combinar la acción judicial con la movilización social. La marcha a Plaza de Mayo será la síntesis de esa estrategia: un mensaje político que busca romper el techo impuesto a los salarios y reafirmar la defensa irrestricta de la negociación libre.