En una decisión que sacude el entramado institucional argentino, el Gobierno nacional confirmó el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo clave en la gestión de pensiones, certificados y políticas públicas para personas con discapacidad. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, implica la transferencia de funciones al Ministerio de Salud.
El argumento oficial: “reducción de estructuras y eliminación de cargos políticos innecesarios”. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia, se esconde una profunda preocupación por el vaciamiento de políticas específicas, la pérdida de personal especializado y el debilitamiento de canales de atención directa.
En La Paz, como en otras localidades, la incertidumbre crece entre familias que dependen de trámites, prestaciones y asesoramiento técnico. No hay información clara sobre el destino de las oficinas locales ni sobre la continuidad de los programas.
La decisión se da en medio de denuncias por presuntas irregularidades y vínculos políticos que involucran a exfuncionarios y a Karina Milei. El Gobierno asegura que “las prestaciones no se cortarán”, pero la eliminación de 16 cargos y el recorte del 45% en la estructura jerárquica despiertan alarma entre profesionales y organizaciones.
La comunidad espera definiciones concretas. Mientras tanto, el 2026 comienza con una herida institucional que pone en riesgo la atención, la dignidad y la memoria de quienes más necesitan del Estado.
