El debate abierto en Entre Ríos por la modificación del sistema de provisión de desayuno y merienda en los comedores escolares expone una tensión que atraviesa la política social: cómo garantizar el derecho a la alimentación de los niños en edad escolar con transparencia, equidad y calidad.
Durante más de 20 años, cada escuela administró sus propias compras de alimentos, un esquema descentralizado que generó diferencias notorias entre establecimientos. Mientras algunos lograban ofrecer productos de calidad, otros apenas podían sostener un servicio mínimo. A ello se sumaron denuncias públicas, investigaciones judiciales y reiterados cuestionamientos sobre la falta de controles y de trazabilidad en el manejo de los recursos.
Frente a ese escenario, el Gobierno provincial decidió transformar el sistema. La medida no implica una privatización: los comedores siguen siendo públicos, las cocineras continúan en sus puestos y el Estado mantiene la definición de los menús, el financiamiento y el control de la calidad. Lo que cambia es el mecanismo de compra y distribución, que ahora se centraliza para garantizar que todos los chicos reciban alimentos con los mismos estándares.
La licitación pública y abierta adjudicó el servicio a una empresa con capacidad de distribución, bajo las instancias de control previstas por la legislación. Como en cualquier contratación estatal, quienes no resultaron adjudicatarios tienen la posibilidad de realizar planteos administrativos o judiciales.
El eje de la discusión debería situarse en el impacto real sobre los alumnos. Hoy no existe certeza de que todos los chicos estén tomando la leche en las escuelas; el nuevo sistema apunta a que el Estado pueda saber, controlar y garantizar que los alimentos lleguen en tiempo, forma y con la calidad prevista.
La reforma busca cerrar espacios de discrecionalidad y desigualdad, instalando un modelo que priorice la trazabilidad, la transparencia y la homogeneidad. El desafío será comprobar en la práctica si la centralización logra superar las falencias del esquema anterior y si efectivamente se traduce en una mejora sustancial en la alimentación escolar.
En definitiva, la pregunta que atraviesa el debate es clara: ¿se trata de un cambio administrativo o de una verdadera política de Estado que asegura igualdad y calidad en la mesa de los comedores escolares?
