La crisis de Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo con la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que dictó la conciliación obligatoria y ordenó dejar sin efecto los despidos que la empresa había iniciado en la planta de Concepción del Uruguay. La medida regirá por 15 días hábiles a partir de este jueves a las 14 horas y busca frenar el conflicto laboral que amenaza con profundizar el impacto social y económico en la región.
El organismo oficial fijó además una audiencia de conciliación para el jueves 20 de agosto a las 12, en la que deberán participar representantes de la empresa y del sindicato con poder de decisión suficiente. El objetivo es abrir un espacio de negociación que permita encontrar una salida a la crisis, en un contexto marcado por meses de salarios adeudados, telegramas de cesantía y denuncias gremiales sobre el deterioro de las condiciones laborales.
La decisión de Trabajo llega tras semanas de tensión en las calles y en la puerta de la planta, donde los trabajadores reclamaron el pago inmediato de los haberes atrasados y denunciaron la falta de respuestas de la empresa. El sindicato había advertido que los despidos masivos no solo golpeaban a las familias afectadas, sino que también generaban un efecto devastador en la economía local, al retirar de circulación más de mil millones de pesos mensuales en salarios.
La conciliación obligatoria, aunque celebrada como un alivio momentáneo, no resuelve de fondo la crisis estructural de la compañía. Los gremios sostienen que la empresa arrastra deudas millonarias y que su propietario exige condiciones de financiamiento que parecen difíciles de cumplir. En ese marco, la audiencia del 20 de agosto se perfila como un punto de inflexión: allí se definirá si existe voluntad real de recomponer la relación laboral o si el conflicto se encamina hacia una ruptura definitiva.
El caso de Granja Tres Arroyos se ha convertido en un símbolo del deterioro industrial y social que atraviesa la provincia de Entre Ríos. La intervención del Estado busca evitar que la situación desemboque en una emergencia humanitaria, pero la incertidumbre persiste. Los trabajadores, con la esperanza puesta en la mesa de negociación, saben que los próximos días serán decisivos para el futuro de sus empleos y de toda una ciudad que depende de la actividad avícola como motor económico.
