Una mujer de 30 años, identificada como A.D.L.M.M, fue condenada a 12 años de prisión por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de material pornográfico y corrupción de menores, cometidos contra su propio hijo entre los años 2019 y 2021, cuando el niño tenía entre 8 y 10 años.
Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Brillante, en la localidad de San José, departamento Colón. La causa se inició en 2023, luego de que el menor pudiera relatar lo sucedido en Cámara Gesell, lo que permitió avanzar con la imputación formal.
El 3 de junio de 2025 se celebró una audiencia de juicio abreviado en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde la acusada reconoció los hechos. El 10 de junio, el juez Nicolás José Gazali dictó la sentencia, y la mujer fue trasladada a la Unidad Penal N° 6 de Paraná, donde cumplirá la pena impuesta.
Controversia por el juicio abreviado
El uso del juicio abreviado en este tipo de delitos ha generado una fuerte reacción social y política. Diversos sectores cuestionan que, pese a la gravedad de los hechos, la pena se vea reducida por la vía de un acuerdo procesal. Años atrás, se presentó en la Legislatura de Entre Ríos un proyecto de ley para excluir los delitos sexuales graves del beneficio del juicio abreviado, pero la iniciativa no prosperó por falta de apoyo político.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los alcances de este mecanismo judicial, especialmente cuando se trata de delitos que afectan profundamente la integridad de niños y niñas.
