El Gobierno provincial decidió avanzar con firmeza en la reforma del Código Contravencional para sancionar a los padres de alumnos involucrados en amenazas de tiroteos en escuelas. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, busca instalar un mensaje claro: la responsabilidad parental es indelegable y su incumplimiento tendrá consecuencias legales, económicas y sociales.
La medida surge tras una ola de intimidaciones que alcanzó a centenares de instituciones educativas mendocinas, generando alarma en la comunidad escolar y obligando a reforzar protocolos de seguridad. En este contexto, seis estudiantes fueron imputados por intimidación pública y otros 19 enfrentan causas contravencionales, según confirmaron los ministros de Seguridad y Educación, Mercedes Rus y Tadeo García Zalazar. El caso de la madre detenida por permitir que su hijo ingresara con una réplica de arma a una escuela de Las Heras marcó un precedente y aceleró la decisión política.
Un proyecto con sanciones ejemplificadoras
El proyecto que Cornejo planea anunciar en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo contempla sanciones similares a las aplicadas en casos de bullying, donde los padres de los agresores deben pagar entre $750.000 y $1,5 millones. En este caso, las multas podrían ser aún más severas y complementarse con trabajos comunitarios, talleres de crianza responsable e incluso arrestos en casos de reincidencia.
Además, se prevé la pérdida de acceso a servicios estatales, tanto provinciales como municipales, replicando el modelo aplicado a los deudores alimentarios. Esto implicaría restricciones para realizar trámites como obtener el registro de conducir, el pasaporte o participar en actividades culturales y deportivas. El objetivo es que la sanción no sea únicamente económica, sino también social, generando conciencia sobre el rol indelegable de los adultos en la crianza.
La ausencia de responsabilidad parental como patrón
La subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampos, reveló que en el 98% de los casos de menores judicializados se repite el patrón de ausencia de responsabilidad parental. “Se da en todas las clases sociales: desde padres que no garantizan la escolaridad de sus hijos hasta aquellos que, pese a pagar una educación privada, desconocen lo que hacen sus hijos en redes sociales o cómo utilizan sus celulares”, explicó.
El Ministerio de Educación ya venía evaluando reformas para sancionar a padres que vulneraban el derecho de sus hijos a recibir educación. Sin embargo, la avalancha de amenazas de tiroteos aceleró la iniciativa y la colocó como prioridad en la agenda gubernamental.
Impacto institucional y social
La reforma apunta a reforzar la prevención y garantizar un entorno seguro en las escuelas. La decisión de sancionar a los padres busca instalar un principio de corresponsabilidad: el Estado puede intervenir, pero la primera obligación recae en los adultos responsables de la crianza.
El Código Contravencional vigente ya prevé multas de entre $100.000 y $1.500.000 para padres de menores que cometen contravenciones, pero el Gobierno considera que esas sanciones resultan insuficientes frente a la gravedad de las amenazas de tiroteos. Por ello, se evalúa duplicar los montos y sumar medidas de conducta como terapia familiar obligatoria.
Un mensaje de firmeza
La expulsión de un alumno en el colegio Goretti de Godoy Cruz, tras reiterar amenazas pese a advertencias previas, fue considerada ejemplificadora. El Gobierno busca replicar esa firmeza en el plano institucional, mostrando que las amenazas no son una broma, sino un delito con impacto social.
La reforma del Código Contravencional, que será presentada el 1 de mayo, se convierte así en una herramienta para restituir el derecho de los estudiantes a recibir educación en un entorno seguro y para exigir a los padres un compromiso real con la crianza. La señal es clara: la ausencia de responsabilidad parental no será tolerada y tendrá consecuencias legales, económicas y sociales.
