Este fin de semana, Concordia volvió a ser escenario de una noticia que duele, que preocupa, y que nos obliga a mirar de frente una realidad que ya no se puede esconder. Una balacera contra la casa de un joven, ocurrida el pasado 2 de mayo, terminó con allanamientos simultáneos, detenciones, y una vez más, con el nombre de una familia que se repite en los expedientes judiciales: la “Zorra” Berón.
Uno de sus hijos, J.A.B., fue detenido junto a Lautaro Esteche, otro joven con antecedentes delictivos. Ambos están vinculados a un ataque que, según fuentes policiales, responde a un ajuste de cuentas por narcomenudeo. En los operativos se secuestraron más de 100 dosis de cocaína listas para la venta, cartuchos de armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares, dos motocicletas y anotaciones vinculadas a la causa.
Pero más allá de los nombres, lo que nos interpela es el patrón. Porque esto no es un hecho aislado. Es parte de una red que crece en silencio, que se instala en los barrios más vulnerables, y que convierte el miedo en rutina. ¿Cuántas casas más deben ser baleadas para que entendamos que esto no es solo un problema policial? ¿Cuántos jóvenes deben caer en manos de estas bandas antes de que el Estado reaccione?
El comisario Eduardo Gamarra, a cargo de la investigación, habló de una “problemática de vieja data”. Y tiene razón. Porque el narcomenudeo no aparece de un día para el otro. Se alimenta del abandono, de la falta de oportunidades, de la ausencia de políticas públicas que lleguen donde más se necesitan.
La detención de estos individuos es un paso importante. Pero no alcanza. Porque si la justicia no avanza, si las causas se diluyen, si los responsables siguen operando desde las sombras, entonces el mensaje que se transmite es devastador: que todo sigue igual.
Y mientras tanto, los vecinos viven con miedo. Con hijos que no pueden salir a jugar. Con familias que se preguntan si mañana les tocará a ellos. Y eso no puede ser normal. No puede ser aceptado. No puede ser parte de nuestra cotidianeidad.
