La decisión de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) de realizar asambleas con retención de servicios durante dos semanas no es una simple medida gremial. Es el reflejo de un malestar profundo que atraviesa a quienes sostienen el funcionamiento de la justicia entrerriana desde sus escritorios, pasillos y juzgados. El plenario realizado en La Paz, con la participación de las 13 filiales provinciales, fue más que una reunión: fue una declaración de urgencia.
El sueldo base de un escribiente judicial ronda los $977.000, muy por debajo de la canasta básica. Y mientras el Poder Judicial de la Nación ofrece remuneraciones más acordes a la realidad económica, los trabajadores entrerrianos reclaman el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” (art. 14 bis). No se trata de privilegios, sino de justicia dentro de la Justicia.
El reclamo incluye también el pago de títulos secundarios, terciarios y universitarios —como lo establece la Ley 5.143— y bonificaciones por tareas especiales para notificadores y evisceradores. En otras palabras: se exige que se cumpla lo que ya está legislado. ¿Qué más legítimo que eso?
Las asambleas se realizarán martes y viernes de 11 a 13 hs, afectando parcialmente la atención al público. Pero el verdadero impacto no está en la demora de trámites, sino en el mensaje que se envía: la justicia no puede funcionar si quienes la sostienen están desbordados, desvalorizados y desatendidos.
Este conflicto no debe ser minimizado ni postergado. Porque cuando los trabajadores judiciales paran, no lo hacen por capricho. Lo hacen porque el sistema que defienden está en riesgo. Y si el Estado no escucha, la justicia empieza a fallar desde adentro.
