La filtración del video que muestra al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo favores institucionales al activista estadounidense Tim Ballard, acusado de abuso sexual y trata de personas, no es solo un escándalo político. Es una herida profunda a la credibilidad de un área del gobierno que debería ser sinónimo de integridad.
En la grabación, realizada en Nueva York y difundida por C5N, se escucha al ministro prometer contactos con jueces, legisladores y periodistas para “limpiar la imagen” de Ballard en Argentina. También se compromete a revisar un proyecto de ley penal “a medida” antes de enviarlo al Congreso. La escena, que parece sacada de una serie de ficción política, es real. Y sus consecuencias, también.
Diputados como Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón no tardaron en exigir su renuncia o el inicio de un juicio político. Lo acusan de tráfico de influencias, violación a la Ley de Ética Pública y gestión ilegal de intereses. Y no es la primera vez que su nombre aparece en contextos turbios: fue abogado en causas sensibles como AMIA, Cuadernos y Time Warp, y ha sido señalado por discursos misóginos y homofóbicos.
Lo más grave no es lo que dijo, sino lo que representa. Un ministro de Justicia no puede actuar como operador político ni como gestor de favores. Su rol exige imparcialidad, transparencia y respeto por las instituciones. Cuando esas cualidades se ausentan, el cargo se vuelve insostenible.
La falta de reacción del presidente Javier Milei hasta el momento solo agrava la situación. Porque en política, el silencio también comunica. Y lo que está comunicando es que la ética puede ser negociable.
La renuncia de Cúneo Libarona no debería ser una opción. Debería ser un deber. Porque cuando la Justicia se vuelve indefendible, el Estado pierde su voz más legítima.
