El proyecto de ley que autoriza al gobierno de Entre Ríos a tomar deuda por hasta 500 millones de dólares ingresó formalmente al Senado provincial y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, declara como “prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial” y habilita operaciones financieras en moneda nacional o extranjera, con garantía sobre recursos de coparticipación y recaudación propia.
Más allá de los tecnicismos, el proyecto anticipa un debate que excede lo contable. Porque detrás de la cifra —500 millones de dólares— se juega una definición política sobre el modelo de gestión, el margen de maniobra fiscal y el tipo de desarrollo que se pretende para la provincia. ¿Es esta deuda una herramienta para reordenar el pasivo heredado o una puerta abierta a nuevas dependencias?
El oficialismo cuenta con mayoría automática en Diputados y antecedentes recientes que le permiten proyectar una aprobación sin sobresaltos. Pero el hecho de que el texto haya sido girado a comisión no debería ser visto como un trámite, sino como una oportunidad para discutir públicamente los alcances, riesgos y condiciones de esta operación.
La letra chica del proyecto habilita al Ejecutivo a afectar en garantía recursos de coparticipación federal y tributos provinciales. Es decir, comprometer ingresos futuros para cubrir obligaciones presentes. ¿Qué impacto tendrá esto en la autonomía financiera de la provincia? ¿Qué sectores serán los más afectados si la deuda se convierte en ajuste?
En tiempos donde la palabra “sostenibilidad” se repite como mantra, conviene recordar que no hay sostenibilidad sin transparencia, ni equilibrio fiscal sin equidad social. El endeudamiento puede ser una herramienta legítima, pero también una trampa si no se acompaña de un plan claro, metas verificables y control ciudadano.
La oposición, si quiere ser algo más que una nota al pie, deberá exigir precisiones: destino de los fondos, condiciones de los créditos, plazos, tasas, garantías. Y sobre todo, deberá plantear qué modelo alternativo propone para evitar que la deuda se convierta en rutina.
Porque si el endeudamiento se naturaliza, lo que se pierde no es solo dinero: se pierde soberanía, se pierde política, se pierde futuro.
