Se confirmó el cierre de la tesorería del Banco Central en Paraná, junto con otras once sedes regionales en distintas provincias. La decisión responde, según el Gobierno, a la caída en la circulación de pesos físicos —que se redujo a un tercio— y al avance de los pagos electrónicos.
Las agencias regionales del BCRA cumplían un rol clave: eran soporte logístico para la provisión de efectivo entre las sucursales bancarias del interior del país. Ahora, con el cierre de las sedes de Paraná, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Cuarto, Río Gallegos, San Juan, Salta y Río Grande, se abre un interrogante sobre cómo se garantizará la distribución de billetes en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
El argumento oficial es claro: menos circulación de efectivo, más digitalización. Sin embargo, la realidad cotidiana muestra otra cara. En muchas comunidades, el acceso a medios electrónicos de pago sigue siendo limitado, ya sea por falta de conectividad, por desconfianza o por la informalidad de las transacciones. Allí, el billete sigue siendo la herramienta más concreta de intercambio.
El cierre de las tesorerías puede interpretarse como un paso hacia la modernización del sistema financiero, pero también como un golpe a la presencia institucional del Banco Central en el interior. La pregunta que surge es si la digitalización avanza al mismo ritmo que las necesidades de la gente, o si se está dejando atrás a quienes todavía dependen del efectivo para sostener su vida diaria.
En tiempos de inflación y de incertidumbre económica, la clausura de estas sedes no es solo un dato administrativo: es un símbolo de cómo el país se transforma, a veces sin medir las consecuencias en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La discusión no debería ser solo sobre billetes o transferencias electrónicas, sino sobre confianza y accesibilidad. Porque de nada sirve un sistema financiero moderno si no logra incluir a todos.
