En lo que va del año, más de 2.200 efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas han solicitado la baja voluntaria. No se trata de una crisis visible en los titulares, pero sí de una señal de alarma que resuena en los pasillos del Ministerio de Defensa y en cada cuartel del país. El uniforme, símbolo de vocación y entrega, hoy se cuelga por razones que van más allá del deber: se cuelga por necesidad.
Los motivos son múltiples, pero convergen en una misma raíz: la precarización del servicio militar. Los salarios, especialmente en los rangos más bajos, no alcanzan para cubrir una canasta básica. La obra social IOSFA, que debería garantizar atención médica a quienes arriesgan su vida por la patria, acumula deudas y recortes que afectan directamente a las familias de los uniformados. Y a esto se suma la falta de incentivos, de ascensos, de reconocimiento profesional.
La Armada Argentina es la más golpeada, con más de 230 bajas en apenas siete meses. Pero el fenómeno atraviesa todas las fuerzas. No es una cuestión de falta de vocación: es una cuestión de dignidad. Porque servir al país no debería implicar renunciar a una vida digna.
El ministro Luis Petri ha convocado reuniones con los altos mandos para evaluar la situación. Pero el diagnóstico ya está claro: sin una política seria de fortalecimiento institucional, las Fuerzas Armadas seguirán perdiendo capital humano valioso. Y con ello, se debilita no solo la defensa nacional, sino también el tejido social que sostiene a quienes eligen el camino del servicio.
Este éxodo silencioso merece atención, debate y acción. Porque detrás de cada baja hay una historia, una familia, una vocación frustrada. Y porque un país que no cuida a sus defensores, difícilmente pueda defenderse a sí mismo.
