En un giro inesperado, el Gobierno nacional decidió suspender las bajas de pensiones por discapacidad mientras se lleva adelante una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida fue tomada antes de que el Congreso revirtiera el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y responde a la necesidad de revisar el proceso de recortes que ya había afectado a más de 128.000 beneficiarios.
La auditoría se inició tras la filtración de audios comprometedores del exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, que revelaban presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y en la asignación de pensiones. De las bajas realizadas, más de 110.000 fueron por documentación fraudulenta, 8.107 correspondían a personas fallecidas y otras 10.038 a ciudadanos que habían renunciado al beneficio.
Mientras dure la investigación, no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los más de un millón de beneficiarios actuales. Además, se revisarán las bajas ya efectuadas, lo que podría implicar la restitución de pensiones injustamente eliminadas.
Esta decisión representa un alivio para miles de familias que dependen de estas prestaciones, pero también pone en evidencia la fragilidad institucional de un organismo clave. La transparencia y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad deben ser pilares innegociables en cualquier política pública. La auditoría en curso no solo debe esclarecer lo ocurrido, sino también sentar las bases para un sistema más justo y confiable.
