Entre Ríos vuelve a estar en el centro de un debate que trasciende los números contables y toca la médula de los valores republicanos: el futuro del juicio por jurados, esa herramienta que empodera a ciudadanos comunes para decidir sobre los delitos más graves, y que hoy enfrenta una posible reforma impulsada por el gobierno provincial.
La agrupación interna del radicalismo entrerriano, UCR Activa, expresó su rechazo con un documento titulado “Defender la participación ciudadana es defender la Constitución. No retrocedamos”, en el que advierte que los argumentos usados para justificar la modificación —mayor costo, demoras y dificultad de convocatoria— “no resisten el análisis”. La crítica no es solo jurídica: es política, institucional y ética. Porque lo que se pone en juego es mucho más que un mecanismo procesal: es el derecho de la ciudadanía a formar parte del sistema judicial como sujeto activo y no como espectador distante.
Recordemos que en 2019, Entre Ríos dio un paso histórico al sancionar esta ley con amplio consenso político, tal como lo rememoró uno de sus impulsores, Rubén Pagliotto. El juicio por jurados, previsto desde la Constitución Nacional de 1853, fue por fin una realidad en la provincia. Y su puesta en marcha no solo fortaleció la transparencia judicial, sino que reinstaló la participación popular en el juzgamiento penal, honrando un mandato constitucional largamente postergado.
Hoy, la media sanción en Diputados para su modificación pone en duda la voluntad política de sostener conquistas democráticas cuando se vuelven incómodas o costosas. Pero, ¿cuál es el precio de retroceder en derechos? ¿Qué se gana cuando el Estado elige simplificar lo complejo a costa de la participación ciudadana?
El Senado provincial tiene ahora la responsabilidad de actuar con altura institucional. Y no solo en defensa de una ley, sino del principio que la sostiene: que la justicia se construye con el pueblo, no al margen de él.
En tiempos de descreimiento y crisis de representación, desandar caminos que fortalecen el vínculo entre ciudadanía e institucionalidad puede ser el peor error. Porque cada jurado convocado no es un gasto: es una inversión democrática.
