El PAMI Mendoza y la multa millonaria: cuando la desobediencia se receta desde el escritorio
Más de 55 millones de pesos. Esa es la multa que acumula la delegación del PAMI en Mendoza por no entregar medicamentos a jubilados, a pesar de una orden judicial clara. No es un error administrativo, no es un retraso logístico: es desobediencia lisa y llana. Y como si fuera poco, ahora buscan embargarles las cuentas bancarias. ¿Será que el remedio para la desidia institucional es económico?
La Justicia Federal tuvo que intervenir porque, al parecer, el derecho a la salud de los jubilados no pesa tanto como el papeleo interno o las prioridades políticas. En un país donde los adultos mayores sobreviven con jubilaciones que apenas cubren lo básico, negarles los medicamentos es más que una omisión: es una forma de violencia burocrática.
El PAMI, que debería ser sinónimo de cuidado y protección, se convierte en Mendoza en un símbolo de abandono. Y no por falta de recursos, sino por falta de voluntad. Porque cuando una delegación decide ignorar una orden judicial, está diciendo que puede más el escritorio que el expediente, más la indiferencia que la ley.
¿Y los jubilados? Esperan. Como siempre. En la fila, en la farmacia, en la vida. Esperan que alguien se acuerde de que tienen derechos, no solo necesidades. Esperan que el Estado deje de tratarlos como carga y empiece a verlos como lo que son: ciudadanos que sostuvieron este país mucho antes de que los funcionarios aprendieran a firmar resoluciones.
