En tiempos donde la transparencia se reclama como valor esencial de la democracia, conocer el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos no debería ser una excepción, sino una regla. Los legisladores nacionales por Entre Ríos —nueve diputados y tres senadores— están obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio de rendición de cuentas se convierte, muchas veces, en una formalidad opaca, incompleta o directamente ausente.
El informe difundido por medios regionales revela que algunos legisladores poseen activos millonarios, propiedades urbanas y rurales, vehículos de alta gama, participaciones societarias en el país y el exterior, y ahorros en moneda extranjera. Otros, en cambio, presentan patrimonios más modestos, con bienes compartidos, deudas bancarias y escasa liquidez. La disparidad es evidente, pero lo que más preocupa no es la diferencia de cifras, sino la falta de coherencia entre el discurso público y la realidad privada.
Entre los casos más destacados aparece el diputado Atilio Benedetti, con un patrimonio superior a los 115 millones de pesos, vinculado a su participación en la firma agroindustrial Tierra Greda SA, con inversiones también en Uruguay. También figuran Juan José Bahillo, con seis inmuebles, dos autos y ahorros en pesos y dólares, y Mayda Cresto, con propiedades en Paraná y Concordia, además de deudas por más de cuatro millones de pesos con el Banco Nación.
En el otro extremo, hay legisladores que no presentaron sus declaraciones juradas en tiempo y forma, como Marcela Ántola, quien alegó problemas personales con su contadora. Otros debieron ser contactados directamente por los medios, ya que sus datos no estaban disponibles en el sitio oficial de la Oficina Anticorrupción. Esta falta de cumplimiento no solo vulnera la ley, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones.
La política no puede ser un atajo al enriquecimiento. Y la ciudadanía tiene derecho a saber si quienes legislan lo hacen desde la empatía o desde el privilegio. Porque la representación no es solo ideológica: también es material. Los legisladores votan leyes que afectan el bolsillo de millones, opinan sobre subsidios, impuestos y salarios, y deciden sobre el destino de fondos públicos. ¿Cómo se entiende que algunos acumulen fortunas mientras otros apenas sobreviven con su jubilación?
La evolución patrimonial de un funcionario debe poder ser explicada. No solo por lo que declara, sino por lo que no declara. Porque detrás de cada cifra hay una historia: de trabajo, de privilegio, de herencia o de oportunidad. Y detrás de cada omisión, hay una pregunta que merece respuesta.
El Congreso debería avanzar en una reforma profunda del régimen de declaraciones juradas, con sanciones por incumplimiento, auditorías cruzadas y publicación obligatoria en formatos accesibles. La Oficina Anticorrupción debe dejar de ser un buzón burocrático y convertirse en un organismo activo, con capacidad de control real. Y los medios deben seguir cumpliendo su rol: informar, investigar y preguntar.
La transparencia no se decreta. Se construye. Y el patrimonio de los legisladores no es un dato privado. Es un espejo público. Y como todo espejo, puede incomodar. Pero también puede despertar.
El patrimonio de los legisladores entrerrianos y el espejo que incomoda
