El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas de Juan José Canosa y Paula Montefiori, confirmando que ambos seguirán procesados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El fallo no solo mantiene abierta una causa judicial: mantiene viva una pregunta institucional que Entre Ríos no puede esquivar.
Canosa, ex titular de Sidecreer —la tarjeta del Estado provincial—, y Montefiori, defensora pública, están acusados de haber acumulado bienes y recursos de manera incompatible con sus funciones. La causa, que incomoda a sectores del poder judicial y político, se convierte en espejo de una provincia que exige transparencia y memoria.
El STJ, al rechazar el sobreseimiento, no dictó condena, pero sí marcó un límite: el proceso debe continuar, las pruebas deben ser evaluadas, y la ciudadanía tiene derecho a saber. En tiempos donde los gestos institucionales se diluyen entre pactos y silencios, esta decisión judicial se vuelve un acto de responsabilidad.
La memoria entrerriana recuerda que Sidecreer fue más que una tarjeta: fue una herramienta de inclusión, pero también un espacio de sospechas. Y que la función pública no es un privilegio, sino una obligación ética.
Montefiori, como defensora pública, representa a los que no tienen voz. Por eso, su procesamiento interpela doblemente: ¿quién defiende a los sin poder cuando el poder se corrompe?
Entre Ríos no necesita condenas mediáticas ni absoluciones exprés. Necesita procesos transparentes, justicia sin atajos y funcionarios que respondan por sus actos. El STJ, al mantener abierta la causa, le da a la provincia una oportunidad: la de mirar de frente, sin miedo, sin pactos, sin olvido.
