La reciente condena a cinco integrantes de una organización que transportó 493 kilos de cocaína desde Salta hacia Buenos Aires, utilizando pistas clandestinas en Entre Ríos, marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en la región. Las penas altas y las multas millonarias parecen enviar un mensaje contundente: el Estado castiga con rigor a quienes operan en el negocio de la droga. Sin embargo, detrás de esa narrativa de “victoria judicial” se esconde una paradoja dolorosa: el productor agropecuario de Colonia Sagastume, que denunció la presencia de camionetas en su campo y colaboró con la Policía, quedó desamparado. Perdió 290 toneladas de soja y su pedido de reparación fue rechazado.
La historia desnuda una contradicción estructural. El aparato judicial se muestra eficaz para sancionar a los grandes delitos, pero indiferente frente al daño concreto que sufren los ciudadanos que se animan a denunciar. El productor entrerriano, convertido en testigo involuntario de una operación narco, no solo cargó con el miedo y la exposición pública, sino también con una pérdida económica devastadora. La justicia, en su lógica estrictamente penal, lo dejó fuera de la ecuación.
El caso revela cómo el narcotráfico no solo corroe instituciones, sino también territorios rurales que deberían ser espacios de producción y dignidad. Las pistas clandestinas en Entre Ríos son un símbolo de esa infiltración: la frontera entre lo legal y lo ilegal se difumina en campos que terminan siendo usados como infraestructura criminal. Y cuando los productores se convierten en víctimas colaterales, el sistema judicial les responde con silencio.
La condena a los cinco integrantes de la organización es necesaria y justa. Pero incompleta. Porque mientras los narcos pagan multas millonarias, el productor que perdió toneladas de soja no recibe ni un peso de reparación. La justicia se muestra fuerte contra el delito abstracto, pero débil frente al daño concreto.
En definitiva, este caso debería abrir un debate más amplio: ¿qué significa justicia en un territorio atravesado por el narcotráfico? ¿Alcanza con condenar a los culpables si los inocentes quedan desamparados? La respuesta, por ahora, parece ser que la justicia penal se celebra en los titulares, mientras la justicia social se posterga en silencio.
“Entre la cocaína y la soja perdida: condenas millonarias a una organización narco que usó pistas clandestinas en Entre Ríos, mientras la justicia desoye el reclamo de un productor que denunció y quedó con 290 toneladas menos”
