La gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos se inscribe en un período marcado por el ajuste nacional y la contracción económica. Los números son claros y preocupantes: 10.575 puestos de trabajo registrados se perdieron en menos de dos años, mientras que 774 empleadores dejaron de existir, lo que representa una caída del 4,4% del tejido empresarial provincial.
Este retroceso no distingue entre lo público y lo privado. Por un lado, el Estado provincial redujo personal en áreas sensibles, bajo el argumento de “ordenar las cuentas” y “achicar el gasto”. Por otro, las pequeñas y medianas empresas —motor de la economía entrerriana— cerraron sus puertas ante la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de políticas de contención. El resultado es un escenario de desocupación creciente y comunidades que pierden dinamismo.
Cada empresa que desaparece significa menos oportunidades para los jóvenes, menos ingresos para las familias y menos confianza en el futuro. Cada puesto público recortado implica servicios debilitados y ciudadanos que sienten que el Estado se retira de su responsabilidad. La combinación de ambos factores erosiona la cohesión social y profundiza la sensación de abandono.
El discurso oficial insiste en que la transparencia y el equilibrio fiscal son logros de gestión. Sin embargo, la transparencia no reemplaza el trabajo perdido y el equilibrio fiscal no compensa la angustia de quienes ven cerrarse las persianas de sus negocios. La política económica nacional, marcada por el ajuste y la apertura indiscriminada de importaciones, golpea de lleno a las pymes entrerrianas, y la respuesta provincial parece limitada a administrar la escasez.
La pregunta que se impone es si Entre Ríos puede sostener su identidad productiva en medio de este retroceso. La provincia necesita más que discursos: requiere un plan concreto de reactivación, incentivos para la producción local y un compromiso real con quienes sostienen la economía día a día.
El cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos no son solo un problema económico: son un golpe a la confianza social. Cuando la comunidad percibe que el esfuerzo de emprender se traduce en fracaso por falta de apoyo, se erosiona también la credibilidad institucional. Defender la dignidad de Entre Ríos implica defender a sus trabajadores y empresarios, y exigir que la política deje de ser un ejercicio contable para convertirse en una herramienta de desarrollo.
Conclusión: La gestión de Frigerio queda marcada por un retroceso laboral y empresarial que exige respuestas urgentes. Entre Ríos no puede resignarse a ser una provincia de cierres y despidos: necesita políticas activas que devuelvan esperanza y sostengan la identidad productiva de su gente.
