El gobierno de Entre Ríos dio un paso decisivo frente a la ola de amenazas en establecimientos educativos. En una reunión interministerial e interdisciplinaria que reunió al Consejo General de Educación (CGE), la Policía de la Provincia, el Copnaf y el área de Justicia, se definió avanzar en un esquema de recupero de gastos por operativos de seguridad, trasladando la responsabilidad económica a los padres o tutores de los menores identificados como autores de los mensajes intimidatorios.
La medida se enmarca en el Código Civil y Comercial de la Nación (Arts. 1753 y 1755), que establece la responsabilidad civil de los progenitores por los daños ocasionados por sus hijos. De este modo, el Estado provincial busca que los costos de los operativos —que incluyen móviles, brigadas de explosivos, logística y horas hombre— no recaigan sobre los contribuyentes. Según estimaciones oficiales, el gasto acumulado por estos despliegues supera los 250 millones de pesos.
Las autoridades remarcaron que cada amenaza activa protocolos de seguridad de alto costo y genera alarma pública, afectando el normal desarrollo de la actividad escolar. En paralelo, instaron a las familias a supervisar el uso de dispositivos digitales de sus hijos, recordando que no se trata de “bromas estudiantiles”, sino de delitos penales con consecuencias judiciales y patrimoniales.
El trabajo de inteligencia tecnológica permitió individualizar a la mayoría de los autores de las amenazas en distintas localidades, lo que abre la puerta a acciones legales concretas. La decisión provincial marca un precedente institucional: además de las sanciones penales, los responsables deberán afrontar el impacto económico de sus actos.
La iniciativa busca enviar un mensaje claro: la seguridad escolar es un derecho que debe ser protegido, y las conductas irresponsables que la ponen en riesgo tendrán consecuencias legales y financieras para quienes las provoquen.
