La Policía de Entre Ríos atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia institucional. En las últimas horas, cinco efectivos fueron pasados a disponibilidad preventiva como consecuencia de una investigación interna por el cobro indebido de servicios adicionales. El caso fue expuesto por una integrante del área de Asuntos Internos, cuya denuncia encendió alarmas que derivaron en un sumario administrativo que incomoda, y mucho, a la cúpula de la fuerza.
Lo que parecía una irregularidad puntual pronto fue revelando una estructura más compleja. Entre las anomalías detectadas, se registraron agentes que figuraban prestando seguridad para transporte blindado sin contar con el armamento reglamentario, una negligencia grave en materia operativa y legal. Esta situación, sumada a otras inconsistencias, motivó una auditoría interna que resolvió la separación preventiva de los agentes implicados.
Uno de los casos más insólitos involucra a una mujer policía que, en paralelo, figuraba cumpliendo funciones administrativas dentro de la institución y prestando servicios de seguridad externa para una empresa de caudales. Esta “doble presencia” en los registros oficiales dejó al descubierto una posible maniobra sistemática de fraude en la carga y liquidación de horas adicionales, alterando gravemente los controles internos.
Otra irregularidad recurrente fue la asignación de turnos de 24 horas continuas, esquema que en algunos casos se repetía durante varios días consecutivos. La investigación determinó que los pagos recibidos de forma irregular podrían oscilar entre uno y dos millones de pesos por cada efectivo, un monto que cuestiona no solo el control administrativo, sino también el uso ético de recursos públicos.
Desde la conducción de la fuerza, fuentes internas revelan que el jefe de Policía de Entre Ríos ordenó “llegar hasta las últimas consecuencias”, aunque los detalles del avance de la investigación se mantienen en reserva. No se descarta que en los próximos días surjan más implicados, lo que podría ampliar el alcance del escándalo a otros sectores de la institución.
Todo esto sucede en medio de un contexto provincial marcado por el creciente escrutinio ciudadano sobre la transparencia en el uso de fondos públicos. Mientras desde el Ministerio de Seguridad aún no se ha emitido un comunicado oficial, se espera que las medidas disciplinarias se intensifiquen conforme avance el sumario.
Este nuevo episodio suma tensión a una fuerza que ya viene golpeada por denuncias previas, sobrecarga operativa y un creciente reclamo por mejores condiciones laborales. Y deja en evidencia una verdad incómoda: cuando la corrupción se filtra por los pasillos de la seguridad pública, lo que está en juego no es solo dinero, sino la confianza misma de la sociedad en quienes deben cuidarla.
Escándalo: el fraude policial que incomoda a la cúpula de la fuerza
