Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI en La Plata y diputada suplente de La Libertad Avanza, denunció haber sido despedida por negarse a participar en un esquema de corrupción dentro del organismo. Según su testimonio, le exigieron firmar papeles ilegales y entregar retornos millonarios a cambio de su cargo.
La acusación recae sobre Sebastián Pareja, principal armador del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, y su colaborador Juan Osaba. Aguirre afirmó que, antes de asumir su puesto, le pidieron un millón de pesos por mes como parte de un acuerdo interno. «Me dijeron que era parte del arreglo, eran retornos disfrazados», declaró.
La exfuncionaria aseguró que cuenta con grabaciones, capturas de chats y pruebas que ya presentó ante la Justicia. También apuntó contra el presidente Javier Milei, afirmando que «nos usó en la campaña y después nos soltó la mano».
El caso de Aguirre se suma a otras denuncias que mencionan el uso del PAMI para repartir cargos políticos y exigir retornos a quienes acceden a puestos dentro del organismo. En varias provincias, se habría replicado un esquema similar, colocando militantes de La Libertad Avanza en áreas clave sin experiencia en el sector.
Desde el PAMI, emitieron un comunicado anunciando una revisión profunda para terminar con las «mafias internas», aunque no mencionaron nombres ni aclararon si habrá sanciones. Aguirre, por su parte, espera que la Justicia avance en la investigación.
