El reciente fallo del juez Mariano Candal vuelve a poner en el centro del debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En su resolución, el magistrado cuestionó la validez del artículo 245 bis, al considerar que el despido de un trabajador de la empresa Georgalos por haber adherido a una medida de fuerza constituye un acto discriminatorio y, por lo tanto, debe ser anulado.
La sentencia marca un precedente de enorme relevancia: reconoce que el ejercicio de derechos colectivos, como la participación en una huelga, no puede ser castigado con la pérdida del empleo. En ese sentido, el fallo reafirma la vigencia de principios constitucionales y tratados internacionales que garantizan la libertad sindical y la protección contra la discriminación laboral.
El cuestionamiento al artículo 245 bis abre un frente judicial que podría extenderse a otros casos similares. Para los gremios, la norma representa un intento de limitar la capacidad de los trabajadores de ejercer medidas de fuerza, debilitando la negociación colectiva y favoreciendo la discrecionalidad empresarial.
La decisión de Candal, además, expone la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en torno a la reforma laboral. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de flexibilizar las relaciones de trabajo para “modernizar” el sistema, los jueces comienzan a marcar límites cuando las disposiciones afectan derechos fundamentales.
El caso Georgalos se convierte así en un símbolo: un trabajador despedido por participar en una protesta logra que la Justicia reconozca la ilegalidad de la medida y ordene su reincorporación. El fallo no solo tiene impacto en la vida de esa persona, sino que también envía un mensaje claro al conjunto de los trabajadores y empleadores: la protesta social y sindical es un derecho protegido, y cualquier intento de sancionarla puede ser revertido en los tribunales.
En definitiva, la resolución judicial abre un nuevo capítulo en la disputa por la reforma laboral, donde la calle, los gremios y ahora también los jueces se convierten en protagonistas de una pulseada que definirá el futuro de las relaciones laborales en la Argentina.
