El presidente Javier Milei firmó este jueves el decreto que veta la ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sancionada por el Congreso con apoyo de los bloques opositores y reclamada por los gobernadores de todo el país. La norma buscaba garantizar un reparto equitativo y transparente de fondos destinados a atender emergencias provinciales, pero fue resistida por la Casa Rosada desde el inicio.
La decisión presidencial, oficializada a través del Decreto 652/2025, se da en un contexto de alta tensión política y económica. Mientras el Gobierno convoca al diálogo tras su derrota electoral en Buenos Aires, veta la principal herramienta que los mandatarios provinciales exigían para sostener servicios básicos y enfrentar desequilibrios financieros. La contradicción es evidente: se habla de puentes, pero se construyen muros.
¿Qué son los ATN y por qué importa su distribución?
Los ATN son fondos que se retienen antes de la coparticipación federal y que el Poder Ejecutivo puede asignar de forma discrecional ante situaciones extraordinarias. En teoría, son un salvavidas para las provincias. En la práctica, se han convertido en una herramienta política que premia aliados y castiga disidentes.
Hasta agosto, el Gobierno nacional había ejecutado apenas el 38% de los fondos presupuestados para ATN. De los $278.232 millones previstos, solo se giraron $104.500 millones. Provincias como Corrientes, que había solicitado $3.000 millones, no recibieron nada tras romper su acuerdo electoral con Milei. En cambio, Neuquén y Salta recibieron $13.000 millones cada una, pese a haber pedido mucho más.
La ley vetada —Ley Nº 27.794— proponía tres cambios clave:
• Redistribución automática y diaria de los ATN, como ocurre con la coparticipación
• Incorporación de los fondos a la masa coparticipable
• Reconocimiento de porcentajes específicos para CABA y Tierra del Fuego
El objetivo era claro: terminar con la discrecionalidad y garantizar previsibilidad. Pero el Gobierno eligió preservar el control absoluto sobre los recursos, bajo el argumento de que los ATN deben ser una herramienta flexible para atender emergencias. ¿Emergencias o conveniencias?
El doble discurso del diálogo
La firma del veto se produjo el mismo día en que Lisandro Catalán debutaba como ministro del Interior, reuniéndose con gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Catalán prometió “tender puentes” y “construir un verdadero federalismo”. Pero el veto a la ley de ATN contradice esa narrativa y refuerza la percepción de que el Gobierno nacional gobierna de espaldas a las provincias.
Este no es un hecho aislado. Milei ya vetó la ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Hospital Garrahan. Cada decisión profundiza el conflicto con los gobernadores y deja en evidencia que el equilibrio fiscal se sostiene, en parte, reteniendo fondos que deberían distribuirse.
¿Y ahora qué?
El Senado tiene ahora la posibilidad de rechazar el veto si consigue los dos tercios de los votos. Si lo logra, la ley entrará en vigencia y se convertirá en un hito para el federalismo argentino. Si no, el Ejecutivo mantendrá su poder discrecional y las provincias seguirán dependiendo de gestos políticos para recibir asistencia.
El veto a la ley de ATN no es solo una decisión técnica. Es una señal política. Una muestra de cómo se concibe el poder en esta etapa: centralizado, vertical, y poco dispuesto a ceder autonomía. En un país que necesita acuerdos, lo que se impone es la confrontación.
Y mientras tanto, los argentinos siguen esperando que el cambio prometido se traduzca en hechos. Porque el federalismo no se declama. Se ejerce.
