El escenario político de General Rodríguez quedó sacudido tras la denuncia presentada por el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, Nicolás Rappazzo Demarchi, contra el concejal Javier Tarragona, integrante del partido Fuerza Patria. La acusación, radicada en la UFI Nº12 Moreno–Gral. Rodríguez, especializada en delitos vinculados al narcotráfico y a cargo del fiscal Ezequiel Freydier, se originó a partir de una denuncia anónima recibida por el sistema de seguridad local.
Según el escrito, un vecino —que se negó a aportar sus datos por temor a represalias— habría señalado que Tarragona forma parte de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de estupefacientes en la ciudad. La denuncia agrega que el concejal habría intentado obtener información sobre futuros allanamientos para advertir a sus supuestos jefes y evitar el secuestro de material prohibido. Incluso se lo vincula con el “manejo de una cocina de clorhidrato de cocaína” en la localidad.
El señalamiento es particularmente sensible porque Tarragona ocupa una banca en el Concejo Deliberante desde diciembre de 2023, y previamente se desempeñó como secretario privado del intendente Mauro García, quien también integra Fuerza Patria. La acusación, por lo tanto, no solo involucra a un funcionario electo, sino que también impacta en la interna política del oficialismo local.
La denuncia menciona además que la banda operaría desde el country Terravista, uno de los barrios más exclusivos de la zona, ubicado en el cruce de la Ruta 24 y el Acceso Oeste. Allí se habría detectado un posible enriquecimiento ilícito vinculado al concejal, lo que refuerza las sospechas sobre la magnitud de la organización.
El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre política y narcotráfico en el conurbano bonaerense. La investigación judicial será clave para determinar la veracidad de las acusaciones y el alcance de las responsabilidades. Mientras tanto, la denuncia pública ya genera un fuerte impacto institucional y político en General Rodríguez, donde la credibilidad de las autoridades se encuentra bajo escrutinio.
