El gobernador Rogério Frigerio, de ojos celestes y cabello rubio, obviamente busca beneficios en otros ámbitos, pero también en el sector salud. Muchos empresarios pueden hacer negocios donde quieran, pero deberían evitar involucrarse en la salud, porque eso puede costar vidas.
Los entrerrianos, supuestamente, querían alejarse de la corrupción, pero al elegir a Frigerio, se sumergieron completamente en ella. Están condenados a una crisis, y eso es lo que estamos analizando.
Queda claro que muchos entrerrianos están en una situación desesperante. Vamos a demostrarlo punto por punto, porque lo que está sucediendo es demasiado evidente. Es un manejo burdo, realmente muy burdo.
Empezaremos por revisar los precios de algunos procedimientos médicos antes y después de Frigerio. Antes, los proveedores locales ofrecían un sistema de reconstrucción craneal por 2.700.000 pesos. Ahora, los socios de Frigerio le piden a la obra social del Estado 4.242.000 pesos. ¿Con cuál de las dos opciones crees que se queda Frigerio?
Claramente, elige la más costosa porque se trata de sus socios y aliados. Esto representa un sobreprecio enorme y demuestra cómo funciona el sistema bajo su administración.
Pero eso no es todo. Lo que se va a revelar es aún más grave: han dejado morir a una persona porque no le querían entregar un marco a paso. Todos los detalles estarán en la causa, incluyendo el certificado de defunción.
Pero mira, por ejemplo, la obra social provincial necesitaba comprar un cardiodesfibrilador. Los proveedores locales ofrecían el equipo por 12 millones de pesos, mientras que los socios de Frigerio pedían 18 millones, es decir, 6 millones más. ¿Con cuál opción crees que se quedó? Obvio, con los socios.
Lo mismo ocurre con los catéteres: los proveedores locales los ofrecían por 14 millones, pero él optó por los de 19 millones. ¿Curioso, no? O tienes un cardiodesfibrilador que los proveedores locales venden por 17 millones, pero Frigerio termina comprándolo por 27 millones de pesos. ¿Es raro? No, no es raro, señores. Son ladrones, ahí están los ladrones.
La obra social provincial cambiará de nombre, y pondrán al frente a personas de Capital Federal, amigos de Frigerio. ¿Sabes qué hacían antes? Tenían una parrilla en CABA. Sí, escuchaste bien: una parrilla, y ahora los nombran interventores en la obra social del Estado, que pertenece a los empleados públicos.
Pero veamos otro ejemplo: ¿necesitas operarte de cataratas? Antes de Frigerio, la obra social pagaba 169.000 pesos, y el afiliado abonaba 50.000 pesos. Ahora, con Frigerio, la obra social paga 1.457.000 pesos, y el afiliado debe pagar 437.000 pesos, casi diez veces más.
Están fuera de control, desquiciados, haciendo negocios con la salud. Y no es un caso aislado: lo mismo pasa con otros insumos médicos, con el sistema de salud en general. Es un manejo descarado, realmente indignante.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es un caso que debe exponerse. Hay personas que han perdido la vida y otras que están en peligro. Un paciente, por ejemplo, está a punto de perder la visión por completo. Ya perdió un ojo, y le quedan pocos días para perder el otro porque no le entregan la medicación necesaria. La desesperación en Entre Ríos es real.
Escuchemos ahora al gobernador de Entre Ríos hablando sobre la corrupción en la salud. Mira:
«No hay nada que duela más que ver cómo la desidia y la corrupción destruyen algo tan esencial como la salud.»
Y sin embargo, Frigerio interviene en la obra social de los empleados públicos y designa a un interventor. La obra social provincial cambia de nombre y pasa a llamarse Instituto Proensa.
¿Quién es el interventor? dueño de una parrilla llamada El Auge en Capital Federal. Se come muy bien ahí, pero ¿cómo pasa alguien de cortar carne a hacer negocios en la salud? Es, cuando menos, extraño.
Si revisamos el boletín oficial, vemos que este interventor creó una empresa. ¿Para qué? Para controlar la parrilla. Y lo más insólito es el nombre que eligió para la empresa: un nombre vulgar e inapropiado para un funcionario público.
Este es el problema. Cuando un ciudadano necesita un marcapasos, la respuesta es fría y evasiva. Pero mientras tanto, los nuevos prestadores de la obra social han cambiado: antes eran de Entre Ríos, ahora son empresas de Capital Federal. Y los precios han explotado.
Las compras son escandalosas. Se están pagando hasta cuatro veces más por los mismos insumos médicos. Un ejemplo: antes, una prótesis parcial de cadera costaba 957.000 pesos, ahora cuesta 2.255.000. Un espaciador de cadera costaba 1.300.000 pesos, ahora cuesta 2.800.000. Y así con todo. Son millones de pesos de sobreprecio por cada compra.
No tienen vergüenza y no parecen tener miedo de las consecuencias. Es evidente que hay irregularidades difíciles de justificar en los expedientes de estas compras. Cualquier fiscal o ente de control debería intervenir. escucha el informe completo
