Concepción del Uruguay – Septiembre 2026
La crisis de Granja Tres Arroyos (GTA), la principal empresa avícola del país, quedó expuesta en los tribunales comerciales con cifras que estremecen: un pasivo contable de $536.000 millones, más de $126.000 millones en cheques rechazados y la declaración de cesación de pagos desde enero de este año. La compañía, que llegó a producir más del 50% del pollo argentino, solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores para intentar reestructurar su deuda y evitar la quiebra.
La presentación judicial, caratulada “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”, incluyó también a las sociedades Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, integrantes del denominado “Grupo GTA”. En total, la empresa reconoció más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de créditos.
Los números reflejan un deterioro acelerado: mientras los activos rondaban los $760.000 millones al cierre de 2025, los pasivos treparon a $536.000 millones y el patrimonio neto se redujo a $224.000 millones, muy por debajo de los $341.000 millones registrados un año antes. La composición de la deuda muestra compromisos financieros por $199.000 millones, obligaciones con proveedores por $161.000 millones, además de deudas laborales, previsionales y fiscales.
La empresa atribuyó la crisis a una combinación de factores: influenza aviar en 2023, caída del mercado interno, pérdida del poder adquisitivo, ingreso de carne importada, sequía, aumento de costos de energía y logística, y dificultades para trasladar los incrementos a precios. A ello se sumó la pesada carga de la operación de Cresta Roja, adquirida en 2018, que implicó desembolsos millonarios y compromisos aún pendientes.
El expediente revela también la caída de las exportaciones: de US$175,8 millones en 2022 a apenas US$87 millones en 2025. Los resultados no asignados pasaron de un saldo positivo en 2022 a pérdidas superiores a los $122.000 millones en 2025.
El Juzgado Comercial N°21 intervino de manera provisoria y ordenó medidas urgentes para sostener la actividad mínima: impedir que los rechazos de cheques posteriores al 9 de septiembre generen sanciones, autorizar una cuenta corriente exclusiva para el pago de sueldos e impuestos, y garantizar el suministro de electricidad y gas. Sin embargo, no levantó embargos ni inhibiciones, dejando esas decisiones al juez definitivo del concurso.
La situación de GTA golpea de lleno a Concepción del Uruguay y la provincia de Entre Ríos, donde la empresa concentra gran parte de su producción y empleo. Miles de trabajadores, proveedores y comunidades dependen de su continuidad. La crisis abre un interrogante sobre el futuro de la avicultura argentina y la capacidad del Estado y el sector privado para sostener una cadena productiva estratégica.
