La crisis de Granja Tres Arroyos continúa profundizándose y generando repercusiones en distintos puntos del país. En Entre Ríos, epicentro de la producción avícola nacional, los trabajadores se movilizaron nuevamente para reclamar el pago de salarios adeudados y exigir respuestas frente a los despidos masivos que se vienen registrando en las últimas semanas.
La situación no se limita a la provincia litoraleña: en la planta de Capitán Sarmiento (Buenos Aires), la empresa decidió suspender actividades, lo que agrava el panorama y deja en evidencia la magnitud de la crisis. La paralización de la producción en una de las sedes más importantes de la compañía refleja la falta de recursos para sostener la operatoria y la incertidumbre sobre el futuro de miles de familias que dependen de la actividad avícola.
Los trabajadores denuncian que la empresa arrastra una deuda millonaria con acreedores, proveedores y organismos oficiales, además de incumplimientos reiterados en el pago de salarios y aportes sociales. La falta de respuestas concretas por parte de la conducción empresarial y la insuficiencia de las gestiones políticas para revertir la situación alimentan el malestar y la desconfianza.
En Entre Ríos, donde se produce más del 50% del pollo del país, la crisis de Tres Arroyos impacta de manera directa en la economía regional. Los sindicatos advierten que la caída de la planta significa no solo pérdida de empleo, sino también un fuerte golpe al circuito comercial y financiero de las ciudades involucradas.
La suspensión de actividades en Capitán Sarmiento, sumada a las movilizaciones en Entre Ríos, marca un punto crítico: la empresa parece no encontrar salida a un endeudamiento que supera los 350 millones de dólares, mientras los trabajadores reclaman lo más básico, cobrar los sueldos atrasados y preservar sus puestos de trabajo.
La crisis de Tres Arroyos se convierte así en un caso testigo de la fragilidad empresarial en sectores estratégicos, donde la falta de planificación y el endeudamiento desmedido terminan trasladando el costo a los trabajadores y a las comunidades. La movilización en Entre Ríos y la paralización en Buenos Aires son señales claras de que el conflicto está lejos de resolverse y que se requiere una intervención más firme para evitar un colapso definitivo.
