La doctora Emilia Mabel Garcilazo, quien durante años ocupó el cargo de directora del Hospital “San Vicente” en San Jaime de la Frontera, enfrenta múltiples denuncias que han generado conmoción en la comunidad y llamado la atención de diversas instituciones. Las acusaciones en su contra abarcan desde irregularidades administrativas y posibles delitos de mala praxis, hasta cuestionamientos éticos en su rol como médica policial.
Denuncias relacionadas con geriátricos
Uno de los puntos más controvertidos gira en torno a dos geriátricos de General Ramírez, propiedad de la exfuncionaria. Según informes, estas instituciones funcionaban en condiciones sumamente precarias, con graves problemas de higiene, mala alimentación para los residentes y deterioro en las instalaciones. Estas deficiencias llevaron a la clausura de uno de los establecimientos en septiembre de 2024.
La clausura fue resultado de inspecciones realizadas por autoridades sanitarias, quienes encontraron situaciones alarmantes que atentaban contra la dignidad y el bienestar de los adultos mayores alojados en el lugar. En paralelo, los familiares de algunos residentes presentaron quejas y testimonios que agravaron el panorama.
Falsificación de certificados de discapacidad
Otra grave acusación señala a Garcilazo como responsable de falsificación de firmas para emitir certificados de discapacidad de forma fraudulenta. Este caso específico salió a la luz en 2010 y llegó a sede judicial, aunque su resolución dejó dudas sobre el alcance de su responsabilidad y la de otras personas implicadas. Según trascendió, estos documentos habrían sido utilizados para obtener beneficios sociales de manera ilícita.
Actuación como médica policial
En su rol como médica policial, Garcilazo también está bajo la lupa. Se la acusa de realizar revisiones médicas a detenidos mediante videollamadas por WhatsApp, un método que genera dudas sobre su legalidad y rigor profesional. Además, se señala que habría emitido certificados médicos para licencias del personal policial utilizando el mismo procedimiento remoto. Aunque estas prácticas no han sido denunciadas formalmente, las autoridades han iniciado investigaciones administrativas para esclarecer los hechos.
Críticas al Ministerio de Salud
El caso de Garcilazo ha levantado críticas hacia el Ministerio de Salud por su aparente inacción frente a las reiteradas denuncias y pedidos de auditorías. Diversos sectores de la comunidad han cuestionado la falta de controles efectivos y el retraso en la apertura de sumarios administrativos. Esto ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en las instituciones de salud pública.
Repercusiones en la comunidad
La comunidad de San Jaime de la Frontera se encuentra dividida. Por un lado, hay quienes defienden a Garcilazo destacando su trayectoria como médica y los años de servicio en el hospital local. Por otro, las denuncias han dejado al descubierto una serie de situaciones que, de confirmarse, representarían un grave incumplimiento de las responsabilidades éticas y profesionales propias de su cargo.
Avance de las investigaciones
Actualmente, las autoridades están llevando adelante diversas investigaciones para determinar la veracidad de las acusaciones y evaluar las posibles sanciones, tanto administrativas como penales, que corresponderían en caso de confirmarse las irregularidades. Mientras tanto, se espera que el caso sirva como ejemplo para reforzar los controles en las instituciones públicas y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.
