En la Justicia entrerriana, el otoño no cae con hojas, sino con mensajes. El lunes, los teléfonos colapsaron con saludos, stickers y flores virtuales por el cumpleaños de Hugo Mena y de la Villana Mentirosa, pero esta vez, a diferencia de otros años, no hubo foto conjunta ni brindis compartido. Las diferencias ya no se ocultan ni en los perfiles públicos.
Mientras en las sombras de la rosca P.O. eligió a Hugo, un gesto que vale más que mil discursos, en otro rincón del tablero reapareció Boquita, el fiscal que alguna vez tocó Flecha Roja hasta quedarse sin aire. Con una declaración que sacudió el ambiente, afirmó que algunos vivos se robaron el 40% del presupuesto de la Legislatura, como si él acabara de llegar a la fiesta.
Desde un rincón, un Grillo Blanco, que aún guarda recortes del 2018, masculló con ironía: «Un desmemoriado profesional». Mientras tanto, en la escalera del tercer piso, un Perro flaco escupió al pasar: «Boquita no canta. Silba. Y con partitura ajena.»
La trama detrás de los contratos truchos
La declaración de Boquita no es casualidad. La causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana ha sido una de las investigaciones más resonantes de los últimos años. Se estima que entre 2008 y 2018, se desviaron más de 50 millones de dólares mediante contratos falsos. En el centro de la trama aparecen nombres como Hugo Mena, Flavia Beckman y Alfredo Bilbao, quienes han sido vinculados a la apropiación de tierras fiscales en Puerto Alvear, en el Departamento Diamante.
El Ministerio Público Fiscal ha determinado que varios de los implicados han sido intimados a desalojar terrenos ocupados de manera irregular. Sin embargo, los procesos judiciales han avanzado lentamente, y algunos acusados han logrado evitar el juicio mediante probation, realizando tareas comunitarias y pagando una reparación económica.
El impacto en la Justicia entrerriana
La causa de los contratos truchos ha generado un fuerte impacto en la Justicia entrerriana. En 2023, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó que el expediente debía tramitarse en los tribunales provinciales, rechazando la competencia federal. Esto significó un revés para algunos acusados que intentaban trasladar el caso a la órbita nacional, argumentando que los fondos desviados fueron utilizados para financiar campañas políticas.
Mientras tanto, la tensión entre los actores judiciales sigue en aumento. La falta de avances concretos en la investigación ha generado críticas dentro del ámbito político y judicial. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Quién marcará el compás en esta partitura de intrigas?
