La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) volvió a demostrar la fuerza de su plan de lucha: el paro de este jueves alcanzó un nivel de adhesión del 86%, reflejando la unidad del sector y la urgencia de sus reclamos. La medida, definida en Plenario Provincial, se suma a la jornada de protesta del 31 de marzo y confirma que la conflictividad gremial se intensifica frente a la falta de respuestas oficiales.

Reclamos centrales

Los judiciales insisten en la recomposición salarial y en la defensa del 82% móvil para jubilados y jubiladas. A ello se suman exigencias concretas: pago en tiempo y forma de los salarios, reconocimiento del título para todos los empleados y empleadas, y el adicional por funciones especiales. Cada punto expone una deuda pendiente del Estado provincial con quienes sostienen el funcionamiento de la Justicia.

Adhesión y respaldo

El 86% de acatamiento no es solo un número: es un mensaje político. La contundencia de la participación reafirma que las bases respaldan las medidas adoptadas y que existe determinación de continuar con el plan de lucha hasta obtener respuestas satisfactorias. La AJER interpreta este nivel de adhesión como prueba de que la protesta no es aislada ni sectorial, sino un reclamo colectivo que atraviesa al Poder Judicial entrerriano.

El trasfondo social

La protesta de los judiciales se inscribe en un contexto provincial de tensiones salariales y previsionales, donde distintos gremios reclaman por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de reconocimiento de derechos adquiridos. En ese marco, la AJER busca visibilizar que la crisis no solo afecta a los trabajadores de base, sino también a quienes garantizan el acceso a la justicia.

Una lucha que se prolonga

El paro del 86% marca un hito en la estrategia gremial y anticipa que el conflicto seguirá escalando si no hay respuestas. La AJER ya dejó claro que la protesta no se detendrá: la defensa de los salarios y de los derechos previsionales es, para los judiciales, una cuestión de dignidad.