En Argentina, la independencia judicial es una promesa constitucional que, en la práctica, se diluye en los pasillos del poder. Un relevamiento realizado por Ruido y CONNECTAS en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires revela que el 64% de los jueces y juezas de las Cortes Supremas provinciales tuvieron vínculos previos con los gobiernos locales. No se trata de excepciones ni de anécdotas: son 88 de 138 magistrados que llegaron al máximo tribunal de sus distritos tras haber sido funcionarios, legisladores, asesores o militantes del mismo signo político que luego los designó.
La cifra es tan contundente como incómoda. Porque si más de la mitad de los jueces supremos provinciales fueron parte del poder político antes de ser parte del poder judicial, ¿qué queda de la división de poderes? ¿Qué garantías existen de imparcialidad cuando quien debe controlar al Ejecutivo fue parte de él?
El fenómeno no distingue geografía ni color partidario. En La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Formosa y otras provincias, los vínculos familiares, partidarios o laborales entre jueces y gobernadores son tan evidentes como naturalizados. Una jueza sobrina del gobernador, un ex ministro devenido juez supremo, un abogado personal del mandatario que pasa a integrar el tribunal superior. La lista es larga y el patrón, repetido.
Lo más grave no es que estos vínculos existan, sino que se hayan convertido en regla. Que el acceso a los máximos cargos judiciales dependa más de la cercanía política que del mérito jurídico. Que la carrera judicial quede relegada frente a la carrera partidaria. Que la justicia se convierta en un refugio para políticos reciclados.
Este modelo de justicia subordinada no solo erosiona la credibilidad institucional, sino que perpetúa un sistema de impunidad estructural. Porque cuando el juez es amigo del poder, el ciudadano queda solo frente al Estado. Y cuando la Corte provincial es una extensión del despacho del gobernador, el control de legalidad se convierte en formalidad.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero urgente: ¿quién juzga a los jueces? ¿Quién garantiza que el poder judicial no sea simplemente otro brazo del poder político?
La respuesta, si existe, no puede venir solo de reformas legales. Requiere voluntad política, presión ciudadana y una cultura institucional que entienda que la justicia no puede ser parte del botín de gobierno. Porque sin jueces independientes, no hay república. Hay apenas una ficción jurídica que se parece demasiado a una monarquía de turno.
