Este martes, entre las 11 y las 13, los trabajadores judiciales de Entre Ríos decidieron hacer una pausa. No por descanso, sino por dignidad. La retención de servicios convocada por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) es mucho más que una medida gremial: es un grito por recomposición salarial, respeto profesional y equidad institucional.
La protesta, que se repetirá los martes y viernes durante dos semanas, tiene fundamentos concretos. El salario base de un escribiente ronda los $977.000, cifra que se ubica por debajo de la canasta básica, según el propio sindicato. A esto se suma el reclamo por el pago de títulos secundarios, terciarios y universitarios, tal como lo establece la Ley 5.143, y la equiparación con los sueldos del Poder Judicial de la Nación, bajo el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”.
Pero el conflicto no es solo económico. Es también institucional. El congelamiento salarial dispuesto por el gobierno provincial, en el marco del ajuste fiscal, dejó a los judiciales en una situación de vulnerabilidad que afecta no solo su bolsillo, sino también la calidad del servicio que prestan.
La respuesta del Superior Tribunal de Justicia fue convocar una mesa de trabajo, pero los tiempos judiciales no siempre coinciden con los tiempos sociales. Mientras tanto, los trabajadores hacen lo que pueden: asambleas, retención de tareas, y una espera que se vuelve cada vez más impaciente.
La justicia no puede funcionar sin quienes la sostienen. Sin notificadores, sin evisceradores, sin administrativos, sin técnicos. Y si esos trabajadores no son reconocidos, la justicia se vuelve una estructura vacía, incapaz de garantizar derechos.
Hoy, la justicia entrerriana está en pausa. No por capricho, sino por necesidad. Y esa pausa debería ser escuchada, antes de que se convierta en silencio.
Justicia en pausa: el reclamo de los judiciales entrerrianos
