La sentencia dictada en Paraná por el homicidio de la pequeña Kathaleya Quetzaly no es solo el cierre de un proceso judicial: es el espejo más crudo de una sociedad que aún no logra proteger a sus hijos de la violencia más extrema. El fallo que condenó al padre a prisión perpetua y a la madre a 16 años de cárcel expone, con brutal claridad, la fragilidad de los mecanismos de prevención y la ausencia de respuestas tempranas frente a señales de riesgo.
Kathaleya tenía apenas dos meses cuando ingresó al Hospital Militar con lesiones incompatibles con la vida. El jurado popular no dudó: las pruebas revelaron un cuadro de violencia sistemática, con fracturas, hemorragias y marcas que hablaban de un sufrimiento insoportable. La justicia, en este caso, actuó con firmeza. Pero la pregunta inevitable es: ¿por qué no se pudo evitar?
La condena perpetua al padre y la pena a la madre son un mensaje contundente: los crímenes contra los más vulnerables no quedarán impunes. Sin embargo, la dimensión social del caso exige más que un castigo ejemplar. La muerte de Kathaleya desnuda la necesidad de políticas públicas eficaces, de un sistema de salud y asistencia social que detecte a tiempo la violencia intrafamiliar, y de una comunidad que no mire hacia otro lado.
El juicio por jurados número 158 en Entre Ríos se convirtió en un símbolo. No solo por la magnitud del delito, sino porque obliga a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva. Cada niño que muere por violencia es una derrota de todos: de las instituciones, de los vecinos, de la sociedad entera. La justicia llega, sí, pero llega tarde. Kathaleya ya no está, y su ausencia es un recordatorio doloroso de lo que no supimos prevenir.
La sentencia marca un precedente, pero también una deuda. La deuda de construir un entramado social que proteja a los más indefensos antes de que sea demasiado tarde. Porque la verdadera justicia no debería medirse en años de condena, sino en vidas salvadas.
